El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, ha venido observando con genuina preocupación el avance de la pandemia del Coronavirus SARS 2 y la enfermedad covid-19.

El impacto que la pandemia tiene sobre miles de millones de personas en el mundo; particularmente en la salud y en la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de las y los habitantes de Costa Rica, no hace más que aumentar nuestro sentimiento de solidaridad para con quienes hoy se encuentran doblemente vulnerables: frente a la enfermedad y frente a la incapacidad de poder siquiera alimentarse.

Es en ese sentido, como sindicato consciente de su rol en la construcción del sano equilibrio social, hacemos un llamado responsable a los poderes y órganos de gobierno para que, mediante acciones con un norte equitativo, eviten estigmatizar, perjudicar, desproteger o sacrificar, a partir de prejuicios ideológicos, a cualquier sector de nuestra sociedad en aras de salvar a uno en particular.

Con la aspiración de atravesar esta fase inédita en nuestras vidas, apoyados en un sistema de salud sólido, pero con un sistema económico bastante desbalanceado; es que proponemos tomar medidas para primero enfrentar la crisis y luego reactivar la economía.

Para salir avante no estamos obligados a ser estatistas ni capitalistas. La historia dicta que estamos en la obligación de buscar soluciones heterodoxas, usando las herramientas del Estado y del mercado que mejor convengan en esta situación. Nadie deberá cargar con el peso de esta crisis solo. Las cargas se deben distribuir equitativamente según las posibilidades y capacidades de cada cual.

Para poder enfrentar exitosamente la grave amenaza a la salud y la vida que trae el covid-19, es obligatorio tomar medidas drásticas que, inevitablemente, tienen severas consecuencias económicas. La crisis a que se da lugar, tiene varias manifestaciones que se dan de forma concomitante:

a.    La economía sufre una fuerte recesión, es decir, hay una reducción significativa en la producción nacional, que en algunos sectores se manifiesta como un súbito frenazo, y la cual durante algunos meses podría ser muy severa. Las estimaciones que diversas organizaciones formulan, indican que la economía podría contraerse entre un -3 y un -4% en el año 2020. 
b.    La atención de la crisis, en sus diversas facetas, tiene costos económicos cuantiosos e implica un incremento importante del déficit fiscal y de la deuda pública. Para la Caja del Seguro Social, y para varias empresas públicas, conlleva impactos financieros significativos. Es imperativo que el impacto en las finanzas del gobierno sea contenido por el aporte solidario de la sociedad considerando que cada cual debe dar lo que le corresponde, según sus posibilidades reales.
c.    Cientos de miles de personas se quedan sin empleo, o ven reducirse sus jornadas laborales y sus salarios. El ascenso del desempleo podría llevar a más de 400 mil personas a perder su trabajo. No es descabellado pensar en una tasa de desempleo superior al 15%, cercano quizá al 20%.
d.    En consecuencia, la pobreza se dispara, y la vida de muchas personas y familias sufre una fuerte afectación, especialmente las más vulnerables.

Frente a este panorama tan desalentador, ¿cuáles deberían ser los objetivos de un programa de políticas viable en lo económico,  justo y equitativo en lo social?

a.    Lograr que el severo deterioro asociado a la caída de la producción y la pérdida de empleos se distribuya de la forma más equitativa posible, procurando; además, proteger a los grupos sociales más vulnerables, a las familias más pobres y, en particular, a quienes pierden su empleo o ven reducirse sus jornadas laborales y por ende sus salarios.
b.    Atenuar el retroceso que  la economía y los empleos sufren. Es decir, que la pérdida sea la mínima posible de manera objetiva, dentro de las difíciles y extraordinarias circunstancias que enfrentamos.
c.    Crear condiciones que, de forma anticipada, propicien y faciliten la recuperación posterior de la economía, una vez la emergencia sanitaria se haya estabilizado.

Debe quedar claro que esos tres propósitos u objetivos están estrechamente interconectados entre sí: lograr equidad en el reparto de las cargas es una buena manera de atenuar la gravedad de la recesión, y, a su vez, ello propiciará, si se hace inteligentemente, que luego la recuperación avance más sólidamente. 

Para ello debe reforzarse el Plan Proteger, que canalice eficientemente subsidios hacia los sectores que más lo necesitan: mujeres jefas de hogar; familias pobres en general; personas que ya estaban desempleadas, que perdieron su trabajo o vieron reducirse su jornada laboral; a las trabajadoras y los trabajadores de  la economía informal, renocidas en el mundo entero como una de las poblaciones más vulnerables ante esta pandemia.

Para apuntalar el Plan Proteger del gobierno, y que garantice un subsidio por un monto apropiado para todas las personas y hogares que lo necesiten, se podría fijar la meta de conceder un subsidio de ¢200.000 por mes, en beneficio de 600.000 familias, lo que haría necesario contar con un fondo de unos ¢480 mil millones si el subsidio se concediera por cuatro meses, y eventualmente ¢600 mil millones para cinco meses. Las fuentes posibles de financiamiento podrían ser: 

a.    Una reforma tributaria progresiva, que establezca recargos impositivos temporales (un año) sobre ingresos, rentas y patrimonios suficientemente altos: ingresos personales líquidos netos, una vez hechas todas las deducciones, de ¢2 millones en adelante, sin distingo alguno: lo mismo si provienen del trabajo que del capital, o si son personas que trabajan en el sector público o privado.
b.    También se podrían poner recargos temporales al impuesto sobre la renta empresarial (que obviamente lo pagarán solo empresas que tengan ganancias); a las rentas y ganancias de capital (pero sobre una base progresiva que proteja a los pequeños propietarios y ahorristas); a casas de lujo y a las diversas formas de consumo suntuario, extravagante o claramente prescindible. Igualmente, es deseable imponer un tributo a las grandes capitales privados y empresariales ociosos a partir de $1 millón por el equivalente del 1,5% por única vez. Ya históricamente el país así lo ha requerido en el pasado, no es esta la ocasión para hacer excepciones.
c.    La evasión y la elusión fiscal generan un daño permanente al tejido económico y social del país, su combate decidido requiere de reformas legales que aún están pendientes y demandan tanto al poder ejecutivo como de la Asamblea Legislativa la visión y voluntad política para llevarlas a cabo.
d.     Es recomendable incluir un impuesto escalonado a las Zonas Francas de un 5% en 2020, de un 4% en 2021, de un 3% en 2022 y de un 2% a partir de 2023 en adelante. No dudamos del valor y aporte que este sector de la economía da al país, pero también entendemos que las exenciones que han disfrutado a lo largo de los años demandan solidariamente una devolución que ayude al país a ponerse de pie. Este pago lo harían especialmente empresas ubicadas en zonas francas cuyas actividades o giros de negocio no resultan afectados económicamente por la pandemia o bien sus ganancias se han visto incrementadas, como por ejemplo aquellos vinculados al sector de la salud o de alta tecnología.

El Ministerio de Hacienda debería diseñar este esquema impositivo transitorio, para que a lo largo de un año rinda al menos el equivalente al uno por ciento del PIB, o sea, unos ¢380 mil millones.

e.    Utilización de fondos proveniente de financiamiento externo. En este momento hay recursos disponibles por montos de alrededor de $3 mil millones, aproximadamente entre ¢1,6 y 1,7 billones, equivalentes a alrededor del 4,0% del PIB, y proveniente de fuentes diversas: BID, BCIE, Banco Mundial, CAF, así como los obtenidos mediante la emisión de eurobonos. Se podría reservar $400 millones de dólares con este fin, o sea, unos ¢230 mil millones.
f.    Utilizar unos $400 millones de las reservas del Banco Central, equivalente a unos ¢230 mil millones. Para ello se podría recurrir a una combinación de las propuestas formuladas por el exgerente del Banco Nacional, don William Hayden, y las presentadas por el expresidente Figueres Olsen. Básicamente se trataría de una emisión de bonos que sería comprada por el Banco Central utilizando una parte de sus reservas en moneda extranjera, y que luego le serían devueltas mediante un mecanismo apropiado de recolección de ingresos.
g.    El Banco Central está en condiciones de emitir dinero sin afectar la inflación debido a la alta tasa de desempleo, a la clara merma en la actividad económica y a la necesidad de contar con liquidez por parte del gobierno para fondear a las instituciones y empresas del Estado que están viendo sus ingresos afectados por el rol que juegan y jugarán en esta crisis.
h.    De igual importancia es la reducción del peso de los intereses en la deuda pública emitida bajo jurisdicción costarricense en manos de tenedores privados. El Banco Central puede y debe comprar deuda en el mercado secundario a valor presente. Así se ayudará a reducir la presión del servicio de la deuda en el gasto y se liberarán recursos para la atención de la emergencia nacional. Este sector inversionista, que a decir de la propia exministra de Hacienda Aguilar, cobraron tasas de interés “obscenas” por prestarle dinero al Gobierno, deberían resarcir la usura con que se ensañaron contra el pueblo, que han pagado con sus impuestos esos excesos. Se excluye de esta medida a los tenedores institucionales como la Caja Costarricense del Seguro Social y los Fondos de Pensiones Obligatorios.
i.    Además, el gobierno debe renegociar con los tenedores de deuda pública antes citados sea una suspensión de pago de intereses por un período de tiempo razonable o una quita del valor facial del documento equivalente al 30% de la deuda emitida que esté vigente a la fecha y que no haya sido comprada por el Banco Central a valor nominal. Es momento de que todos y todas por igual aportemos a la reconstrucción del país. Al liberar recursos del pago de intereses, estos pueden ser utilizados por el gobierno para fortalecer financieramente a la Caja, y generar apoyos a favor de micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos de la economía social, solidaria y cooperativa, con el expreso objetivo de proteger los empleos.

Es igualmente importante la aplicación de políticas anticíclicas que atenúen la recesión y generen las condiciones propicias para la posterior recuperación. En ese sentido, el SEC sugiere la aplicación de las siguientes medidas:

a.    La reforma tributaria transitoria y progresiva, que se propuso en el punto anterior, debe alimentar al Plan Proteger, el cual, a su vez, canalizará subsidios a favor de hogares y familias que viven situaciones económicas precarias. Ello, así como la asignación de recursos para la atención inmediata de la emergencia sanitaria, tendrá un efecto contracíclico, o sea, atenuará el declive de la economía y la reducción de empleos.
b.    Garantizar la estabilidad del empleo público, reconociendo que el pleno funcionamiento de la institucionalidad pública, es necesario para atender la emergencia sanitaria, conducir los esfuerzos posteriores de recuperación de la economía y, además, proporciona un colchón amortiguador de efecto contracíclicos, que permite suavizar la recesión.
c.    Las medidas destinadas a favorecer el flujo de caja y la disponibilidad de capital de trabajo por parte de las empresas, mediante la posposición, sin cargos adicionales, del pago de impuestos y cuotas de seguridad social, son necesarias pero deberían estar enfocadas exclusivamente en las empresas que sufran impactos negativos significativos y que, por lo tanto, lo requieran de modo efectivo.
d.    Debe haber una amplia posposición de los pagos de deudas pendientes en el sistema financiero, sin que ello implique cargos adicionales, y en beneficio de personas y empresas –especialmente micro, pequeñas y medianas– que estén sufriendo los impactos de la crisis. La moratoria concedida debería ser de al menos 6 meses, para lo cual debería crearse, a cargo del Banco Central, no solo las facilidades de liquidez que sean necesarias, sino asimismo un fondo de rescate, el cual cubrirá el 60% de los pagos de las deudas durante esos 6 meses. El restante 40%, será asumido por la persona o empresa deudora, pero se pagará al final del plazo de las deudas, sin ningún recargo adicional. Las entidades financieras deben entender que los hambrientos no pagan deudas. Las tasas de créditos de consumo que cobra una parte del sector financiero formal e informal está fuera de contacto con la realidad. De ahí que consideramos que la Asamblea Legislativa debió aprobar a  la brevedad la Ley de Usura con un tope para cualquier crédito de 27 puntos sobre la Tasa Básica Pasiva. Eso, además de aliviar la carga de los y las costarricenses altamente endeudadas; ayudaría que las decisiones del Banco Central sobre la tasa de interés tenga un verdadero impacto en todo el sistema financiero nacional.
e.    Los ahorros que se generen en el sector público por causa de la cuarentena (en viáticos, combustibles, electricidad, agua, algunos de mantenimiento, etc.), los superávits libres de instituciones públicas y el recorte de gastos superfluos, deben canalizarse activamente hacia el financiamiento de subsidios para las familias pobres, fortalecimiento financiero de la Caja y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos de la economía social, solidaria y cooperativa, con el expreso objetivo de preservar su normal funcionamiento y, con ello, los empleos.
f.    En estos momentos de crisis, ningún país está obligado a pagar deuda externa a los organismos internacionales como el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, u otros acreedores internacionales. Esos organismos están en la obligación de apoyar a los países de ingresos bajos y medios, para que puedan atender la urgencia sanitaria, asistir a las familias que mayores necesidades económicas afrontan, proteger los empleos e impulsar programas de recuperación de las economías. Los fondos externos, no deben en este momento dirigirse a refinanciar deuda interna, la cual puede ser atendida por otras vías (incluyendo la intervención del Banco Central en los mercados secundarios, entre las ya señaladas), sino canalizarse hacia esas necesidades prioritarias que la actual crisis plantea.

g.         Es necesario llevar  a cabo las reformas legales necesarias para tipificar de mejor manera el préstamo de dinero al margen de la ley. Aquellas personas o entidades que sigan operando fuera del control de SUGEF deberán tener penas de prisión ejemplares, pagar daño social equivalente a su patrimonio y, si son extranjeros, ser expulsados del país inmediatamente para cumplir la pena en su lugar de nacimiento. En ese sentido, se requiere de legislación urgente, para dotar de herramientas para la identificación, procesamiento y sanción de quienes usufructúan inhumanamente con la necesidad de las poblaciones más vulnerables. No es escondiéndose tras el eufemismo de dejarles fuera o ser discriminatorios con el acceso al crédito depredador, es dotando de capacidades a los órganos competentes y judiciales para quienes someten, castigan y perpetúan la condición de desesperación de los más pobres.

h.    También instamos al Banco Central fijar las comisiones por el  uso de datáfonos considerando estándares internacionales, la coyuntura económica actual del país y la urgencia de las PYMES por contar con recursos frescos para operar. El cobro de comisiones por transacciones a través de tarjetas de crédito afecta enormemente a la economía en general, pero a las PYMES en particular. Se debe contemplar el depósito diario (incluidos sábados y domingos) de todas las transacciones hechas durante la jornada a través de datáfonos, en la cuenta del negocio afiliado por parte de la entidad financiera. Para ello, el Banco Central tomará los recaudos necesarios y evitará cobros por el uso de la plataforma SINPE. 
i.    Para generar mayor liquidez entre las personas y competitividad a las empresas se sugiere la implementación de un sistema de precios subsidiados en la electricidad. Este sistema estará vigente por un plazo máximo de dos años y se dividirá en 4 segmentos definidos técnicamente por el Instituto Costarricense de Electricidad y estará segmentado por Kw/h mensuales de consumo efectivo. El primer segmento es el del consumo mínimo de subsistencia para clientes residenciales, comerciales e industriales. En él se aplicará el mayor descuento de hasta un 30%. El segundo segmento agregará un 20% de Kw/h sobre la base del primer segmento y tendrá un 20% de descuento. El tercero agregará un tramo similar de Kw/h y el descuento será de un 10%. A partir de ahí empieza el “tramo libre” en el que la tarifa será la que regularmente cobren las empresas comercializadoras de electricidad. Lo anterior con el fin de evitar el financiamiento de consumos ineficientes o suntuarios.
j.    Con el fin de maximizar la eficiencia en el uso de los recursos de que dispone el país, el SEC reconoce la necesidad de mejorar y depurar el modelo de alianzas público privadas (APP). Entendemos, que para que el modelo sea exitoso se tiene que incorporar la noción de conveniencia e interés nacional y que el proyecto se construya desde las necesidades de la población. Las negociaciones deben ser equilibradas y justas, pero en todo momento se debe anteponer el interés nacional en la formulación del proyecto. Creemos éticamente responsable que toda concesión que se otorgue no incluya a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o cuyos accionistas residan en dichas jurisdicciones. También es de cardinal importancia la participación activa y real de las comunidades involucradas en la formulación del proyecto; entendido que son ellas partes interesadas centrales. Debe garantizarse por lo tanto la figura de participación interesada de las poblaciones objetivo en estos instrumentos. 
En ese particular, es urgente que los dineros de FONATEL sean puestos a trabajar en la creación de una red robusta de fibra óptica allí donde aún no la haya. La figura de la APP puede coadyuvar a resolver los problemas de conectividad que tienen muchas comunidades.
Se hace necesario que el Proyecto del Tren Eléctrico siga su marcha para  generar empleo en su construcción y operación, pero sobre todo como una solución moderna y ecológica al problema del transporte de personas en el Gran Área Metropolitana. 
Igualmente, llamamos la atención de la Asamblea Legislativa sobre su responsabilidad a la hora de aprobar créditos destinados a la infraestructura pública. En momentos en que el crédito aún es accesible, tomar decisiones sesgadas y cortoplacistas en torno a la liquidez de estos proyectos, puede volver a retrasar al país otros 40 años en infraestructura, como sucedió producto de las políticas de ajuste luego de la crisis de los años 80.
k.    Consideramos también que es necesario plantear una Ley de medicamentos, que se concentre en el servicio que presta el fármaco y no reducirlo únicamente a su dimensión comercial o verlo como un simple producto, toda vez que supera esta definición, siendo un bien que busca el bienestar y la salud en el sentido más amplio. En dicha ley, evidentemente podrá considerarse, no exclusivamente el tema del precio, así como la posibilidad de garantizar el acceso a toda la población, la calidad y la custodia médica y profesional que  resulta obligatoria. 
l.    De igual manera, será necesaria una Ley de Implementos Médicos, que recoja lo mejor de los aprendizajes durante la presente crisis, como por ejemplo la posibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, a criterio de su Junta Directiva, de realizar compras en periodos de declaración de emergencia nacional sin requerir de la tramitología habitual, permitiéndole ajustarse a los requerimientos de contratación y adquisiciones posteriormente y rindiendo cuentas una vez pasada la urgencia. 
m.    A este sindicato le preocupa enormemente la vulnerabilidad que tiene el país al depender del mercado internacional para abastecerse de insumos básicos para la salud. 
n. Creemos de suma importancia la instituci{on de un seguro de desempleo. La Constitución Política consigna que mientras no exista seguro de desocupación, el Estado debe mantener un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados. La pandemia ha dejado clara la necesidad de que este seguro quede instituido.

Una vez se haya estabilizado la situación sanitaria, el país debe emprender un concienzudo y muy enérgico esfuerzo de recuperación económica. Debemos lograr, en los plazos más breves que sea posible, sacar a la economía de la recesión, proveer muchos empleos decentes y generar los recursos necesarios para sanear las finanzas públicas y volver manejable la deuda pública.

Los siguientes serían los lineamientos generales para un programa de recuperación económica: 

a.    El país debe atraer recursos externos, mediante una estrategia de negociación muy vigorosa y decidida, y aprovechar los fondos que diversos organismos internacionales ponen hoy día a disposición. Ese financiamiento externo debe estar vinculado a programas de recuperación de la economía y creación de empleo, bajo condiciones sociales realmente equitativas, que es lo que los propios organismos internacionales, priorizan en estos momento. A un lado deben quedar las agendas ideológicas de privatización o austeridad fiscal que generarán rispideces en un momento en que el país requiere grandes consensos. La prioridad debe ser recuperar condiciones de vida digna para toda la población, no aprovechar un momento tan doloroso para beneficiar intereses particulares oportunistas que aprovechan algunos cascarones ideológicos del pasado que generan más postración económica. 
b.    La meta ha de ser construir un fondo por un monto que, al menos, sea de entre $3,5 y $4 miles de millones, o sea, entre ¢2 y 2,3 billones de colones (entre 6 y 7% del PIB), para financiar un amplio programa de inversión pública, planificado de forma muy cuidadosa para satisfacer los siguientes objetivos: generar encadenamientos productivos para la creación de empleos directos e indirectos que beneficien a las regiones más empobrecidas y carenciadas del país; que enfatice energías limpias e “inversiones verdes”.

c.    Este programa deberá ponerse en marcha y ejecutarse en un plazo máximo de dos años, para lo cual será necesario establecer acuerdos nacionales muy patrióticos y generosos, de forma que tanto desde el sector privado como desde el sector público, y con involucramiento de los distintos sectores de la ciudadanía, haya la más amplia disposición a colaborar, trabajar en conjunto y facilitar los procesos.
d.    El programa debe establecer prioridades en dos etapas:

i.    En la primera, a ejecutar en un plazo de seis meses, se pondrán en marcha proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos, tanto para hombres como para mujeres, y que beneficien especialmente las regiones más empobrecidas del país. Por ejemplo: mejora, ampliación y reparación de centros de salud; centros educativos; parques e instalaciones de uso público; infraestructura de la red de cuido; servicios de cuido; aceras y calles; parques nacionales. Entre otras posibilidades similares que deberán explorarse, teniendo muy presente, que, con seguridad, la vieja “normalidad” no retornará, y que inclusive estas infraestructuras deberán cambiar para reflejar una nueva realidad social y cultural.
ii.    En un plazo más largo, pero con la mayor celeridad posible, poner en marcha proyectos centrados en energías limpias, reformulación del transporte público, tratamiento de aguas, acueductos, vivienda para grupos de ingresos medios y bajos (usando la autoconstrucción como mecanismo de capacitación y desarrollo de destrezas), desarrollo de tecnologías productivas verdes, entre otros rubros prioritarios.
e.    Soberanía y seguridad alimentaria. Esta crisis asociada al Covid-19 ha puesto en evidencia, con total claridad, la importancia de que Costa Rica se abastezca de sus propios alimentos básicos, al menos en una proporción mínima razonable. Nos preocupa la situación del agro nacional que se ha visto presionado por la baja de aranceles producto de los múltiples tratados de libre comercio, así como la reducción de tierras con vocación agrícola producto de la expansión urbana.

Debe entonces poner en ejecución, con la mayor celeridad posible, un amplio programa de producción de alimentos, que fortalezca la pequeña producción agropecuaria y pesquera, provea las necesarias condiciones crediticias, los apoyos técnicos y los insumos requeridos. Deberán asimismo generarse redes de mercadeo y comercialización, que liberen al productor y la productora, de la influencia perniciosa de los intermediarios y les ponga en contacto directo con las masas consumidoras urbanas. La herramienta de las compras públicas debe ser utilizada como un importante instrumento de apoyo.

Estas medidas ayudarán a paliar la crisis, pero salir de ella debe incluir una visión diferente de nuestra economía que considere el autoabastecimiento estratégico, la producción sostenible, los encadenamientos productivos y un Estado diferente.

f.    También, debe considerarse nuevos nichos de mercado en la atracción de inversión extranjera que valoren el deseo de convertirnos en una economía verde y que nuestra inversión social a través de la Caja Costarricense del Seguro Social son valores agregados a la producción y no costos adicionales.

El SEC deja claro que no aceptará ni convalidará ningún financiamiento externo que venga condicionado a la venta, cierre o privatización de instituciones del Estado. Creemos imperativo una redefinición del rol del Estado en nuestra sociedad; pero de ninguna manera aceptaremos que se use esta catástrofe para negocios espurios como los que debilitaron la confianza en nuestras instituciones durante los últimos 20 años. 

Tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF han manifestado que esta no es época de ajustes, privatizaciones o recetas de vieja data. Si algún grupo quiere usar a estos organismos para condicionar el financiamiento de la atención de la emergencia, a una entrega de nuestro patrimonio, ha de saber que al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense no le temblará el pulso para frenar en seco ese intento.

El SEC aspira a que cuando haya pasado esta catástrofe sin precedentes en la historia moderna de la humanidad, nuestra sociedad salga menos desigual, más unida, con una proyección de futuro diferente y poniendo nuevamente a la persona como centro de toda actividad política y económica.

Finalmente, y  a partir de lo que hemos vivido en este período, exhortamos al Gobierno a considerar que toda solución o propuesta, incluida la desarrollada en el presente documento, deba ser sometida al criterio fundamental en favor de la naturaleza, del ambiente. Todas las acciones que desde el Estado se realicen, incluidas aquellas que se orientan a dirigir las que emprendan los diversos sectores nacionales, de cualquier tipo, deberán tener como condición el cuido y preservación de nuestros recursos en el más amplio sentido. No por avanzar en la atención y recuperación económica, debe resultar perjudicado el ambiente. 

Nuestra propuesta es de buena fe, con el propósito de crear un futuro diferente y seguro para toda persona que viva en esta tierra sin importar su género, credo, orientación sexual, pensamiento político o clase social. Nos cobija la misma bandera sobre esta tierra bendita y haremos lo que sea necesario para que todos y todas seamos tratadas con justicia en estos tiempos extraordinarios.

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                        Gilberth Díaz Vásquez                          Yorgina Alvarado Díaz

                             Presidente SEC                              Secretaria General SEC